El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Breve análisis de la propuesta de supresión de la incompatibilidad para el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador. Posible impacto de la medida en la Administración de Justicia.

La diferente naturaleza de las funciones que actualmente asumen los abogados y los procuradores hace que por el bien de la Justicia deba mantenerse la incompatibilidad para el ejercicio de ambas profesiones. El controvertido Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pretende suprimir uno de los ejes sobre los que descansa nuestra profesión, que no es otro que la incompatibilidad de su ejercicio con los abogados, reformando igualmente la ley de acceso a dichas profesiones, estableciendo ahora la colegiación única para el ejercicio de ambas.

Como todos Vdes. saben el pasado 2 de agosto se aprobó el controvertido APL de Servicios y Colegios Profesionales, y digo controvertido porque ya desde el mismo momento en que a finales del año 2.012 empezaron a circular varios borradores del texto finalmente aprobado, fueron casi una excepción aquellos colectivos profesionales que no alzaron su voz, tanto con respecto a la oportunidad y necesidad del texto, como especialmente en cuanto al contenido principal de la reforma que propone.

Sin duda al lector le podrá parecer muy difícil que por los años dedicados a esta profesión e igualmente por las responsabilidades institucionales asumidas ahora ya hace prácticamente tres años, sea yo la persona más indicada para analizar el repetido APL de forma objetiva, teniendo en cuenta que el mismo pretende suprimir uno de los ejes sobre los que descansa nuestra profesión, que no es otro que la incompatibilidad de su ejercicio con los abogados, reformando igualmente la Ley 34/2006 de acceso a dichas profesiones, estableciendo ahora la colegiación única para el ejercicio de ambas, pero abordar estas importantes cuestiones únicamente desde posiciones estrictamente corporativistas poco o nada aporta al debate y significaría igualmente no querer valorar o reconocer las posibles carencias de nuestra profesión ni tampoco entrar a examinar la muy mejorable situación de nuestra Administración de Justicia.